Ciudad de México, México.-Con67 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones en lo general,mientras que en lo particular se registraron66 votos a favor y 31 en contra, el Senado de la República aprobó laLey del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública,una controvertida iniciativa promovida por el Ejecutivo federal, en una sesión extraordinaria celebrada este martes 1 de julio.
Esta nueva legislación otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el control sobre un vasto sistema de datos que incluiráinformación personal, fiscal, biométrica y de geolocalización. Esta información, recolectada tanto de fuentes públicas como privadas, será almacenada en una Plataforma Central de Inteligencia administrada por el Centro Nacional de Inteligencia. El objetivo, según el dictamen, es apoyar al Ministerio Público eninvestigaciones criminales y en tareas de prevención del delito.
De igual manera, se contempla la creación del Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Estas entidades tendrán a su cargo la coordinación deestrategias tecnológicas, el análisis criminal y la colaboraciónentre diferentes instituciones del gobierno federal.
Además, durante la discusión en el pleno, legisladores de la oposición, principalmente delPAN, PRI y Movimiento Ciudadano, presentaron más de 20 reservas a diversos artículos de la ley. No obstante,todas fueron rechazadas por la mayoría, conformada por senadores deMorenay sus aliados, quienesdefendieron el proyecto sin modificaciones.
La iniciativa generó un intenso debate en la tribuna. Mientras que senadores oficialistas argumentaron quela ley es necesaria para combatir al crimen organizado, legisladores de oposición expresaron su preocupación por el riesgo que representa para los derechos individuales. Algunos advirtieron que podríaderivar en un sistema de vigilancia excesivo, sin controles adecuados ni supervisión independiente.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil también han criticado la medida. Especialistas en derechos digitales alertaron que esta ley podríainstitucionalizar prácticas de espionaje gubernamental,al permitir el acceso a bases de datos sensibles sin necesidad de una orden judicial en todos los casos. Indicaron además el riesgo de que estas herramientas se usen confines políticos o de persecución ciudadana.La sesión concluyó con aplausos de la bancada oficialista, en contraste conel abandono del pleno por parte de la mayoría de senadoresde oposición.
Fuente: Tribuna
